Con la excusa de agilizar los servicios municipales, el Ejecutivo del PP de Moralzarzal, en su nueva andadura, desvía unas veinte competencias de Pleno a la Junta de Gobierno, en la que no están representados los Grupos de la Oposición. Además retira a los mismos de las Mesas de Contratación, de los Tribunales de Selección de Personal y de cualquiera de las Entidades y Órganos Supramunicipales, demostrando, una vez más, que sus intenciones son cada vez menos democráticas y que escamotean la participación y representación ciudadana, o el mero acceso a la legítima información. El ejercicio democrático para los responsables de gobernar Moralzarzal se limita a conseguir resultados electorales satisfactorios cada cuatro años.
En esta ocasión nuevamente el Grupo Municipal Socialista se enteró a través de la prensa - 15 días antes del Pleno sobre Organización y Funcionamiento del nuevo mandato legislativo – de los acuerdos de gobierno sobre designaciones, delegaciones y demás competencias u orden de la Corporación a la que pertenecen.



Para compensar las carencias democráticas en las que incurre permanentemente el Equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Moralzarzal, el alcalde, se ha comprometido a asegurar a los concejales de la oposición el acceso directo a las entradas y salidas del archivo de registro, a través de Internet. Acuerdo al que ya se comprometió en 2004 - según consta en las Actas de Pleno Ordinario del 16 de septiembre - y que a día de hoy todavía no se ha hecho efectivo. Los mencionados concejales y concejalas, avalados por un importante número de votos de la ciudadanía y por la Constitución, tienen derecho a toda la información y a poder cumplir las obligaciones políticas para las que han sido elegidos, con dignidad y democráticamente. A hacer oposición legítima - y legitimada -, a ejercer control al gobierno, a colaborar y presentar propuestas o sugerencias documentadas a los problemas, a atender todas aquellas demandas o quejas que puedan surgir de la vecindad y a trasladar información de interés al pueblo, etc. Sin embargo los 3 grupos de la oposición (7 concejales: 1 PDDM, 1 IU y 5 PSOE) comparten un despacho de 2x2 y un ordenador de apenas prestaciones, no perciben ningún tipo de asignación y, para complicar más el desempeño de sus labores municipales, sólo existen las mañanas para comunicar con empleados y técnicos, recibir o solicitar documentos o datos, hacer uso del citado mini despacho y ordenador ancestral, asistir a Plenos o Comisiones Informativas... Para mayor indiferencia nunca son invitados – ni siquiera avisados – de ningún tipo de acto público derivado de la actividad de gobierno municipal. Llegándose a incumplir en estas cuestiones las más elementales normas del protocolo, por no hablar de educación y respeto.
Como dato anecdótico añadir que muy concretamente las concejalas y los concejales del PSOE al hacer público - hace más de cinco años - que el alcalde había realizado obras de vallado en su vivienda particular, sin permiso o informe de acuerdo de condiciones previo, con una finca colindante de propiedad pública municipal, ejerciendo así mismo de juez y parte firmando licencias sobre límites o medianerías, que demostraban una clara actividad irregular y productora de serias sobre la legalidad – y especialmente sobre la moralidad ética – de aquellos actos, desataron las iras del regidor hacia sus propias personas y las de sus familiares, que se ha ido agudizando a través del tiempo y de posteriores actuaciones. Eludiendo otros hechos más personales, abusivos, o en los que pudiera detectarse posible “mala fe”, sí pondremos sobre el tema al menos dos ejemplos, por su grado de curiosidad: No volvió a consentir en la delegación de competencias puntuales para que dichos ediles pudieran ejercer en la boda de algún amigo o amiga o les negó sistemáticamente la Paz en las celebraciones religiosas...
Pero a los vecinos y vecinas nos importan más que los “cabreos del alcalde”.